Organizaciones de DDHH presentan ante la CIDH informe que acusa 'desmantelamiento' institucional bajo el gobierno de Kast

Cuatro organizaciones chilenas presentaron este miércoles 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington un informe que acusa un proceso de retroceso en materia de derechos humanos y justicia transicional desde la llegada de José Antonio Kast Rist, que amerita seguimiento internacional ^[1]BioBioChile Desde indultos pasivos hasta recortes: las acusaciones contra el gobierno de Kast que llegan a la CIDH.

La delegación estuvo compuesta por la Red de Observadoras en Justicia y Memoria; Londres 38, espacio de memorias; la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta y la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, junto a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Buscan que la CIDH mantenga el caso bajo observación y solicite explicaciones al Estado chileno ^[1]BioBioChile Desde indultos pasivos hasta recortes: las acusaciones contra el gobierno de Kast que llegan a la CIDH.

Los cuatro ejes del informe

1. Unidades de derechos humanos debilitadas o eliminadas: la Unidad de Víctimas de Violencia Institucional, la Unidad de Búsqueda de Orígenes (UBAFI), el desmantelamiento del Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda, el retiro del Tercer Plan Nacional de DDHH, la reducción de la Comisión de Verdad y Niñez, la reestructuración del Servicio Nacional de Migraciones, la eliminación de la Unidad de Pueblos Indígenas y de la Unidad de Género y DDHH del Ministerio de Bienes Nacionales, y el debilitamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La eliminación de la Unidad de Pueblos Indígenas dejó cerca de 16.000 expedientes pendientes en La Araucanía y la reestructuración de Migraciones implicó la salida de 27 funcionarios ^[1]BioBioChile Desde indultos pasivos hasta recortes: las acusaciones contra el gobierno de Kast que llegan a la CIDH

2. Reajustes presupuestarios: la revisión presupuestaria de Hacienda para el Presupuesto 2027 podría afectar cerca de 142 programas, incluidos el Programa de DDHH, el Plan Nacional de Búsqueda y el PRAIS, “lo que dejaría en la indefensión el acompañamiento judicial y médico de las víctimas de la dictadura y sus familiares” ^[1]BioBioChile Desde indultos pasivos hasta recortes: las acusaciones contra el gobierno de Kast que llegan a la CIDH

3. Los “indultos pasivos”: el Estado habría dejado de oponerse en determinados procesos judiciales a beneficios penitenciarios de condenados por violaciones a los DDHH, situación que se habría registrado en 9 causas relacionadas con 4 condenados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos el exagente César Manríquez Bravo, recientemente liberado. El informe detalla que “de las 23 acciones presentadas por las defensas de los condenados por graves violaciones a los derechos humanos, el Programa de DDHH sólo ha intervenido en 3 ocasiones”, e incorpora el correo interno del Programa —revelado por BioBioChile en abril de 2026— en que su directora, Constanza Garrido, informa instrucciones de “no apelar o no alegar” en determinadas causas, contradiciendo la versión oficial del ministro de Justicia (evento Correo interno de la directora del Programa de DDHH revela instrucción de no alegar en causas de lesa humanidad y contradice al ministro Rabat) ^[1]BioBioChile Desde indultos pasivos hasta recortes: las acusaciones contra el gobierno de Kast que llegan a la CIDH

4. Colonia Dignidad y los sitios de memoria: se cuestiona la decisión del Gobierno de no continuar con el proceso de expropiación de la ex Colonia Dignidad para transformarla en sitio de memoria, e incertidumbre sobre el financiamiento de los espacios de memoria ^[1]BioBioChile Desde indultos pasivos hasta recortes: las acusaciones contra el gobierno de Kast que llegan a la CIDH

Llevar este panorama ante la CIDH en Washington es un paso crítico. Estamos presenciando cómo se desarma la infraestructura de derechos humanos que costó décadas instalar en Chile. Esto no es un simple ajuste técnico, es una vulneración directa a los compromisos de verdad, justicia y no repetición que el Estado debe garantizar - Paulina Zamorano ^[1]BioBioChile Desde indultos pasivos hasta recortes: las acusaciones contra el gobierno de Kast que llegan a la CIDH

Los “indultos pasivos” en detalle

En la audiencia expusieron representantes de las organizaciones de DDHH —Magdalena Garcés, Tamara Lagos, Paulina Zamorano, Paola Peebles, Erika Hennings y Nuvia Guajardo— ^[2]El Mostrador El Gobierno dejó de alegar en 20 audiencias de exagentes de la dictadura. La abogada Magdalena Garcés denunció que “el Ministerio de Justicia y DDHH ha prohibido a las y los abogados del Programa de Derechos Humanos intervenir en los procesos en los que se revisan las penas de los condenados por graves violaciones a los derechos humanos” ^[2]El Mostrador El Gobierno dejó de alegar en 20 audiencias de exagentes de la dictadura.

En lo que va de 2026, 47 exagentes condenados por crímenes de lesa humanidad han presentado solicitudes de reducción de penas, arresto domiciliario, libertades condicionales y acumulación de penas. De ellos, ya se realizaron 23 audiencias en distintas cortes de apelaciones, y el Programa de Derechos Humanos no se presentó a alegar o se desistió de los recursos en 20 audiencias (de un total de 23), por instrucciones del Ministerio de Justicia. En dos de estos casos se produjo la liberación inmediata del agente, y en un tercero, la reducción de la condena ^[2]El Mostrador El Gobierno dejó de alegar en 20 audiencias de exagentes de la dictadura.

Entre los casos mencionados por las organizaciones figuran el de Héctor Osses Yáñez (exoficial de Carabineros de Chile que encabezó la matanza de pobladores de La Granja, con seis audiencias en el año), el exagente de la DINA César Manríquez Bravo (excarcelado y entregado a su esposa), Raúl Areyte (masacre de campesinos en Paine), la exagente del Comando Conjunto Viviana Ugarte (“La Pochi”), y los condenados por la Caravana de la Muerte (episodio Copiapó) Jorge Mandiola, Ricardo Yáñez Mora y Waldo Ojeda Torrent. También el exoficial del Servicio de Inteligencia Militar Walter Klug Rivera, condenado por siete homicidios calificados y 23 secuestros calificados en el caso Endesa, cuya pretensión de unificación de penas no fue objetada por el Programa y le fue favorable ^[2]El Mostrador El Gobierno dejó de alegar en 20 audiencias de exagentes de la dictadura.

En el eje de Colonia Dignidad, Paola Peebles, hija del sobreviviente Enrique Peebles, recordó que “más de 100 personas desaparecieron allí” y denunció que el enclave “sigue siendo propiedad privada de los perpetradores y sus herederos, quienes lo explotan con fines de lucro y recreativos, mientras intervienen infraestructura con pruebas cruciales, obstaculizando la justicia y el Plan Nacional de Búsqueda”. Recordó que fue el ministro de Vivienda, Iván Poduje Capdeville, quien indicó que no se seguiría adelante con la expropiación por estrechez presupuestaria ^[2]El Mostrador El Gobierno dejó de alegar en 20 audiencias de exagentes de la dictadura. La presidenta de la Asociación por la Memoria y los DDHH Colonia Dignidad, Margarita Romero Méndez, había publicado antes de la audiencia una columna describiendo los recortes —más de 1800 millones de pesos en decretos de ajuste que afectan también a programas de reparación y salud— y los “indultos pasivos” como “un patrón coherente de debilitamiento institucional, no una serie de decisiones aisladas” ^[3]El Mostrador Audiencia ante la CIDH: cuatro meses en que Chile retrocedió décadas en materia de Derechos Humanos.

Las exposiciones y la posición de la ONU

En la comparecencia, la directora nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Nuvia Guajardo, advirtió que las medidas del Gobierno “no corresponden solo a ajustes presupuestarios” sino a “la reducción sistemática de las capacidades del Estado chileno para garantizar derechos humanos”, cuestionó la modificación del presupuesto mediante decreto (“Gobernar por decreto es, en sí mismo, violatorio de la propia carta fundamental”) y sostuvo que la reforma tributaria del Gobierno erosionará la recaudación en 4500 millones de dolares anuales ^[4]Radio Universidad de Chile CIDH pide antecedentes al gobierno de Kast tras denuncias por retrocesos en derechos humanos. Tamara Lagos, de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, planteó que “no estamos ante decisiones administrativas aisladas. Estamos ante un patrón de desmantelamiento institucional que afecta la capacidad efectiva del Estado para garantizar verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición” ^[5]El Reporte Diario 'Las políticas de DD. HH. deben trascender a los gobiernos': la CIDH instó a Chile en medio de la disputa por el 'desmantelamiento'.

La presidenta de Londres 38, espacio de memorias, Erika Hennings, alertó por los sitios de memoria y su financiamiento: en Chile existen 1132 lugares identificados como centros de detención, tortura y exterminio, aunque solo 72 sitios cuentan con reconocimiento oficial como sitios de memoria ^[4]Radio Universidad de Chile CIDH pide antecedentes al gobierno de Kast tras denuncias por retrocesos en derechos humanos. La Federación Nacional de Acceso a la Justicia también respaldó la presentación, advirtiendo por los riesgos para el acceso a la justicia (ver evento FENADAJ respalda la denuncia ante la CIDH por los recortes presupuestarios y advierte riesgos para el acceso a la justicia) ^[6]El Clarín de Chile FENADAJ respaldará denuncia ante la CIDH por recortes presupuestarios del Gobierno de Kast.

La representante de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para las Américas, Montserrat Solano, recordó que Chile construyó “una arquitectura institucional relevante y robusta” en derechos humanos y pidió que “cualquier modificación institucional o presupuestaria que afecte programas de esta naturaleza” —como el Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda— sea evaluada a la luz de las obligaciones internacionales, evitando retrocesos; llamó a dar “estabilidad institucional, financiamiento suficiente y mecanismos que aseguren su sostenibilidad” a los sitios de memoria ^[4]Radio Universidad de Chile CIDH pide antecedentes al gobierno de Kast tras denuncias por retrocesos en derechos humanos.

La respuesta del Gobierno

El primero en hablar a nombre de la administración fue José Miguel Castro, representante de Chile ante la OEA, quien calificó las afirmaciones de “absolutamente incompatibles con la realidad fáctica” y aseguró que “los Derechos Humanos en Chile son una política de estado y corresponden a un deber de naturaleza irrenunciable para cualquier gobierno” ^[2]El Mostrador El Gobierno dejó de alegar en 20 audiencias de exagentes de la dictadura. El abogado de la cancillería Felipe Kipreos justificó los despidos en el Programa de DDHH como parte de un “reordenamiento organizacional del Estado” y rechazó el calificativo de “gobierno de ultraderecha” usado por las organizaciones denunciantes, mientras que Jorge Hagedorn, de la Subsecretaría de DDHH, negó la existencia de “una instrucción de carácter general ordenando no comparecer”, asegurando que el análisis es “caso a caso, de carácter técnico” ^[2]El Mostrador El Gobierno dejó de alegar en 20 audiencias de exagentes de la dictadura. El ministro de Justicia, Fernando Rabat Celis, defendió la gestión: “Acá tenemos una Subsecretaría de Derechos Humanos que desde el día uno se ha preocupado de respetar todo lo relacionado con la memoria histórica” ^[1]BioBioChile Desde indultos pasivos hasta recortes: las acusaciones contra el gobierno de Kast que llegan a la CIDH.

La audiencia, denominada “Impacto de las políticas administrativas en los derechos humanos en Chile”, fue la primera vez en la historia que la CIDH revisa las políticas de un gobierno chileno en ejercicio (ver evento CIDH cita a audiencia por retrocesos en DDHH bajo el gobierno de Kast).