Gobierno ingresa proyecto 'Antibarricadas 2.0': sanciona con 61 a 540 días de presidio la interrupción del transporte sin necesidad de acreditar violencia o intimidación

En paralelo a la reforma constitucional de seguridad (evento Gobierno ingresa al Senado la reforma constitucional de seguridad: nuevo estado de excepción de 120 días, interceptación de comunicaciones e inhabilitación perpetua para condenados por crimen organizado), el gobierno del presidente José Antonio Kast Rist ingresó al Congreso el proyecto denominado “Antibarricadas 2.0”, que modifica el Código Penal para sancionar la interrupción total o parcial de la circulación y de los servicios de transporte ^[1]El Mostrador Reforma en seguridad propone estado de excepción de 120 días e interceptación de comunicaciones ^[2]La Tercera Gobierno ingresa proyecto 'Antibarricadas 2.0' y Arrau defiende la iniciativa: 'Cortar el tránsito no es una forma legítima de protesta'.

Contenido del proyecto

La iniciativa establece penas de 61 a 540 días de presidio por interrumpir el transporte, sin que sea necesario acreditar violencia o intimidación ^[3]El Dínamo Gobierno presenta Ley Antibarricadas 2.0: 'Cortar el tránsito no es una forma legítima de protesta' ^[4]Pauta Ley Antibarricadas 2.0: en qué consiste y qué cambios propone el Gobierno para sancionar cortes de tránsito y del Metro. Esto representa un endurecimiento significativo respecto de la normativa actual, que requiere acreditar violencia o intimidación para configurar el delito.

El proyecto extiende la norma a todos los modos de transporte: terrestre, ferroviario, subterráneo, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo ^[2]La Tercera Gobierno ingresa proyecto 'Antibarricadas 2.0' y Arrau defiende la iniciativa: 'Cortar el tránsito no es una forma legítima de protesta'. Se excluyen los casos provocados por accidentes, desperfectos mecánicos u otras causas justificadas.

Defensa del gobierno

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau García Huidobro, defendió la iniciativa con la declaración: “cortar el tránsito no es una forma legítima de protesta: es violencia y debe ser delito” ^[1]El Mostrador Reforma en seguridad propone estado de excepción de 120 días e interceptación de comunicaciones ^[3]El Dínamo Gobierno presenta Ley Antibarricadas 2.0: 'Cortar el tránsito no es una forma legítima de protesta'. La frase sintetiza la postura del Ejecutivo de equiparar la interrupción del transporte con violencia, independientemente de que se ejerza sin força física directa.

El 18 de agosto, en declaraciones a BioBioChile, el ministro Martín Arrau García Huidobro profundizó esa defensa y respondió a las críticas de que el proyecto criminalizaría la protesta: aseguró que “las sanciones son las mismas, se mantiene la pena que parte en los 60 días de presidio; lo que se hace es que se amplía el tipo penal”, y que se elimina el requisito de demostrar violencia o intimidación porque “no existe un corte de la libertad de tránsito, no existe un corte de una ruta, de una línea de metro que sea pacífico; eso no existe”: “queremos que se tipifique dentro de la barricada, dentro de este delito que ya existe, el corte total o parcial, ya sea con o sin otro objeto, y que no se tenga que demostrar que fue pacífico” ^[5]BioBioChile Arrau defiende Ley Antibarricadas 2.0: "Usted puede manifestarse en la vereda o en la plaza". Arrau reafirmó que el derecho a manifestarse se mantiene —“manifestaciones siempre pueden haber” y “usted puede manifestarse en la vereda o en la plaza”, en línea con el titular del propio medio— y que las marchas no serán sancionadas si no interrumpen el tránsito; precisó además que la iniciativa modifica la Ley 21.208 (Ley Antibarricadas) para ampliar el delito ya existente al corte total o parcial, con o sin otro objeto ^[5]BioBioChile Arrau defiende Ley Antibarricadas 2.0: "Usted puede manifestarse en la vereda o en la plaza".

Contexto y controversia

El proyecto se enmarca en la Agenda Contra el Crimen Organizado y la Terrorismo (ACOT, evento Kast anuncia en cadena nacional la megarreforma de seguridad (ACOT): reforma constitucional, flagrancia de 24 horas y agencia de decomiso) y se complementa con la reforma constitucional de seguridad que también fue ingresada el mismo día al Senado (evento Gobierno ingresa al Senado la reforma constitucional de seguridad: nuevo estado de excepción de 120 días, interceptación de comunicaciones e inhabilitación perpetua para condenados por crimen organizado). La penalización de cortes de tránsito sin violencia ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y parlamentarios de oposición como una medida que criminaliza la protesta pacífica, mientras que el gobierno la presenta como herramienta contra el crimen organizado que utiliza bloqueos de vías como método de operación ^[4]Pauta Ley Antibarricadas 2.0: en qué consiste y qué cambios propone el Gobierno para sancionar cortes de tránsito y del Metro.

La columna de Prensa Opal ya había alertado sobre esta iniciativa en agosto de 2026, señalando que “el corte de calle es la forma más común de protesta popular en Chile; castigarlo aunque sea pacífico es, con todas sus letras, criminalizar la manifestación” (ver evento Columna de Prensa Opal advierte que el quinto estado de excepción usaría la 'seguridad pública' como excusa para el control social) ^[6]Prensa Opal 'Seguridad pública' como excusa, control social como objetivo.

BioBioChile publicó una nota explicativa detallando que la modificación eliminaría el requisito de violencia o intimidación para configurar el delito, estableciendo penas de 61 a 540 días de presidio por interrumpir el transporte total o parcialmente ^[7]BioBioChile Cortar calles sin violencia podria ser delito: que propone nueva modificacion a la Ley Antibarricadas.