Columna de Prensa Opal advierte que el quinto estado de excepción usaría la 'seguridad pública' como excusa para el control social

El medio digital Prensa Opal publicó una columna de opinión de Mutanrashen —también difundida en el diario electrónico POLITIKA— que critica el quinto estado de excepción contemplado en la reforma constitucional de seguridad del gobierno de José Antonio Kast Rist y pregunta “a quién le entregamos las llaves de la seguridad pública” antes de aprobarlo ^[1]Prensa Opal 'Seguridad pública' como excusa, control social como objetivo. La columna se enmarca en el anuncio del ministro de Seguridad Martín Arrau García Huidobro de crear un nuevo estado de excepción “más simple” para desplegar las Fuerzas Armadas en barrios específicos (evento [[events/20260803-12]]).

El texto argumenta que la fuerza que Arrau y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quieren desplegar en los barrios “es la institución que saqueó su propio presupuesto —en tribunales, con sentencias ya dictadas—”, citando el Milicogate: fondos de la Ley Reservada del Cobre desviados durante años a casinos, propiedades y viajes, con decenas de uniformados procesados, cuatro excomandantes en jefe del Ejército y la condena en mayo de 2026 a doce años de presidio de un general de brigada por fraude reiterado con perjuicio fiscal superior a $3.000 millones ^[1]Prensa Opal 'Seguridad pública' como excusa, control social como objetivo.

Una amenaza narco y una protesta social caben, las dos, bajo ‘grave alteración del orden’. La herramienta no distingue entre el traficante y el manifestante. Ese es, precisamente, el diseño - Prensa Opal ^[1]Prensa Opal 'Seguridad pública' como excusa, control social como objetivo

La columna sostiene que el paquete de seguridad que contiene el nuevo estado de excepción propone modificar la Ley antibarricadas para sancionar los cortes de tránsito sin exigir violencia —“el corte de calle es la forma más común de protesta popular en Chile; castigarlo aunque sea pacífico es, con todas sus letras, criminalizar la manifestación”— y suma facultades presidenciales para interceptar comunicaciones de civiles y arrestar personas en sus propias moradas durante los estados de excepción ^[1]Prensa Opal 'Seguridad pública' como excusa, control social como objetivo. Como antecedente de que “el estiramiento no es paranoia”, recuerda que tras el 18-O la inteligencia de Carabineros y el gobierno persiguieron la tesis de injerencia extranjera en la revuelta y que el célebre “big data” de Luksic y Hinzpeter “no contenía, en sus ciento doce páginas, un solo antecedente de carácter delictual” ^[1]Prensa Opal 'Seguridad pública' como excusa, control social como objetivo.

Finalmente, compara el modelo con la guerra contra las drogas de México (homicidios triplicados hasta rondar los treinta mil anuales y fragmentación de los cárteles de seis a dieciséis organizaciones) y con el estado de excepción de la macrozona sur, renovado por más de cuatro años “sin resolver lo que prometió resolver”, concluyendo que la excepción “no dura lo que dura la emergencia: dura para siempre”. Artículo de opinión: sus afirmaciones puntuales (montos del Milicogate, el informe de 112 páginas, cifras de México) requieren verificación con fuentes primarias antes de usarse como dato ^[1]Prensa Opal 'Seguridad pública' como excusa, control social como objetivo.