Miguel Ángel Yáñez

“La reinserción social es un derecho y debe aplicarse sin discriminaciones, pero lo ocurrido con tiene la apariencia de un privilegio (...) resulta difícil explicar que una persona condenada a más de 12 años de presidio por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas pueda salir a trabajar al Cpech, mientras miles de internos sin contactos, respaldo político ni redes institucionales esperan años por una oportunidad semejante. Gendarmería debe transparentar los antecedentes, requisitos y criterios utilizados”

“La transparencia exige que no existan privilegios ni zonas de silencio cuando se trata de quienes integran o rodean las máximas jerarquías encargadas precisamente de perseguir estos delitos. Si la condena consistió en una multa de 12 UTM, ello puede encontrarse dentro del marco legal; la pregunta relevante no es si la sanción era posible, sino si existió el mismo estándar de escrutinio e igualdad ante la ley que se aplica a cualquier ciudadano”