Investigación revela que contralores del Poder Judicial habrían recibido sobresueldos por más de 30 años: diferencia de $2,3 millones mensuales vs. lo que establece la ley

Una investigación de la Unidad de Investigación de El Mostrador reveló que el contralor interno de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Humberto Canessa Puelle, percibe una remuneración correspondiente al grado V del escalafón judicial, cuando la Ley N° 18.969 establece expresamente que el cargo corresponde al grado VII ^[1]El Mostrador ¿Sobresueldos por más de 30 años? el cuestionado caso de los contralores del Poder Judicial.

La cifra de la irregularidad

La diferencia entre ambos grados supera los $2,3 millones mensuales: en junio de 2026, Canessa percibió $8.211.059 en vez de los $5.869.760 que le corresponderían según la ley. Esto significa que desde que asumió su cargo en 2022, habría recibido más de 100 millones de pesos en dinero que la normativa no le asigna ^[1]El Mostrador ¿Sobresueldos por más de 30 años? el cuestionado caso de los contralores del Poder Judicial.

La extensión temporal: más de 30 años

La irregularidad no es reciente ni personal: antes de Canessa, los contralores Samuel Poblete, Ricardo Guzmán, Jorge Viveros y Claudio Figueroa también habrían recibido este beneficio. Esto plantea que la práctica se ha extendido por más de 30 años en el aparato judicial ^[1]El Mostrador ¿Sobresueldos por más de 30 años? el cuestionado caso de los contralores del Poder Judicial.

El origen: un acuerdo de 1990

La CAPJ atribuye el cambio a un acuerdo del Consejo Superior del 24 de octubre de 1990, apenas siete meses después de que la Ley 18.969 entrara en vigencia. Según el organismo, “un acuerdo del Consejo Superior de 1990 resolvió crearlo como un cargo a contrata grado V”, con el propósito de “equiparar sus remuneraciones a las de las jefaturas de departamento” ^[1]El Mostrador ¿Sobresueldos por más de 30 años? el cuestionado caso de los contralores del Poder Judicial.

Sin embargo, expertos en derecho administrativo cuestionan la legalidad de este mecanismo:

“No veo cómo un acuerdo administrativo del Consejo Superior puede modificar un grado que fue fijado directamente por una ley” — académico de derecho administrativo ^[1]El Mostrador ¿Sobresueldos por más de 30 años? el cuestionado caso de los contralores del Poder Judicial.

“Los órganos públicos solo pueden ejercer las atribuciones que la Constitución y la ley les entregan. Si una ley fija el grado de un cargo, para modificarlo tiene que existir una norma o una habilitación jurídica suficiente para hacerlo. Un acuerdo interno, por importante que sea el órgano que lo adopte, no reemplaza por sí solo a la ley” — abogado experto ^[1]El Mostrador ¿Sobresueldos por más de 30 años? el cuestionado caso de los contralores del Poder Judicial.

La prueba del debate legislativo de 1997

La investigación destaca que en 1997, durante una discusión legislativa sobre reajuste de remuneraciones del Poder Judicial, se planteó la necesidad de mejorar la renta del Contralor para homologarla con los jefes de departamentos. El diputado Raúl Urrutia (RN) sostuvo que para hacerlo había que modificar la Ley 18.969, y que presentar la medida como indicación sería “inconstitucional” ^[1]El Mostrador ¿Sobresueldos por más de 30 años? el cuestionado caso de los contralores del Poder Judicial.

Esto contradice la tesis de la CAPJ: si en 1997 se reconocía que se necesitaba una reforma legislativa para cambiar el grado, el acuerdo de 1990 no podía haberlo hecho válidamente.

Contexto institucional

La CAPJ administra un presupuesto cercano a los $700 mil millones anuales, cuenta con 1.200 funcionarios y no está sujeta al control de la Contraloría General de la República, lo que le otorga poderes exclusivos de fiscalización interna. El contralor interno es precisamente el funcionario encargado de auditar, fiscalizar y revisar la gestión operativa de la Corporación ^[1]El Mostrador ¿Sobresueldos por más de 30 años? el cuestionado caso de los contralores del Poder Judicial.