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titulo: "Informe de la BCN sobre el Registro de Vándalos: la propuesta del gobierno sería inédita a nivel mundial al usar las prestaciones sociales como castigo penal"
fecha: 2026-08-15T12:00:00Z
tipo: publicacion
tema: defensa_seguridad, justicia, legislativo
etiquetas: registro_vandalos, bcn, derecho_comparado, biblioteca_del_congreso, prestaciones_sociales, gratuidad, pgu, reino_unido, espana, eeuu, cbo, tribunal_constitucional, indicaciones
impacto:
  colectivos: ciudadanos, estudiantes, personas_mayores
  sectores: seguridad_publica, justicia, legislativo, educacion
relaciones:
  amplia: 20260810-12
creado: 2026-08-16
actualizado: 2026-08-16
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La [[organizations/biblioteca_del_congreso]] (BCN) entregó a la Comisión de Seguridad de la Cámara un informe de derecho comparado sobre el proyecto que crea el **Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades** —en primer trámite constitucional desde su ingreso el 12 de junio y aprobado en general el 10 de agosto por 8 votos contra 5 (evento [[events/20260810-12]])—, cuya conclusión central es que la iniciativa es **inédita a nivel mundial** en su forma de castigo: el registro busca impedir el acceso a beneficios sociales (gratuidad, PGU, subsidios habitacionales) a quienes sean incluidos por un catálogo de 33 actos [[sources/latercera-2026-08-15-registro-vandalos-bcn]] [[sources/nuevopoder-2026-08-15-registro-vandalos-bcn]]. El informe original (asesoría técnica parlamentaria del abogado Juan Pablo Cavada Herrera, agosto 2026, Boletín N°18.341-25) está disponible como documento público de la BCN [[sources/bcn-2026-08-04-registro-vandalos]].

> En términos generales, no se encuentran mecanismos genéricos que utilicen el sistema de prestaciones como mecanismo general de castigo penal, habiéndose encontrado en la experiencia comparada antecedentes parciales - informe de la BCN [[sources/bcn-2026-08-04-registro-vandalos]] [[sources/latercera-2026-08-15-registro-vandalos-bcn]]

## La legislación comparada

Tras analizar varios países, el informe eligió tres experiencias cotejables con la propuesta del Ejecutivo [[sources/latercera-2026-08-15-registro-vandalos-bcn]]:

| País | Mecanismo | Diferencia con la propuesta chilena |
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| Reino Unido | "Órdenes de Conducta Delictiva" (CBOs): registro de órdenes de alejamiento para impedir que condenados se acerquen a ciertas personas o zonas | Restringe el acceso a espacios físicos, no a beneficios sociales |
| España | Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana: integrado por sancionados por 40 conductas, incluidas incivilidades | Se usa "exclusivamente" para determinar reincidencias, con multas de 100 a 600.000 euros; no para retirar prestaciones |
| EE.UU. | Suspensión federal de beneficios sociales solo para condenados por tráfico o consumo de drogas | Solo en dos programas de asistencia (alimentación y ayudas temporales), no puede afectar al núcleo familiar y solo aplica a la persona recluida |

El informe también documenta que, en estos países, la pérdida de beneficios por condenas —como la suspensión de seguros de cesantía o alimentación de los presos— responde a que la persona "recibe aquello al interior de la cárcel" y no afecta a los familiares, a diferencia del mecanismo general propuesto en Chile [[sources/latercera-2026-08-15-registro-vandalos-bcn]].

## El informe original de la BCN

El documento de la asesoría técnica parlamentaria amplía el análisis comparado más allá de los tres países citados por la prensa: identifica registros semejantes en Bélgica (Registre SAC) e Italia (DASPO Urbano), además de registros generales de condenas en Alemania, España, Francia, EE.UU. y Reino Unido [[sources/bcn-2026-08-04-registro-vandalos]]. La advertencia del informe es que la existencia de esos mecanismos no supone que las restricciones asociadas puedan aplicarse de manera automática o ilimitada: la experiencia extranjera exige **proporcionalidad, individualización judicial y protección de mínimos de subsistencia**. Cortes de Alemania e Italia han limitado o declarado inconstitucionales privaciones que amenazan un umbral mínimo de existencia digna o perjudican a familiares sin responsabilidad; la jurisprudencia constitucional francesa rechaza sanciones automáticas por vulnerar el principio de individualización de la pena; y la Corte Suprema del Reino Unido exige que la exclusión de una vivienda social quede sujeta a un examen judicial de proporcionalidad [[sources/bcn-2026-08-04-registro-vandalos]]. El proyecto contempla inscripciones de 1 a 5 años administradas por el Servicio de Registro Civil e Identificación y crea el delito de rayado no autorizado (nuevo artículo 486 bis del Código Penal) [[sources/bcn-2026-08-04-registro-vandalos]] [[sources/elsancarlino-2026-08-15-registro-vandalos]].

## El riesgo de impugnación

El informe quedó a disposición de la Cámara como insumo para la redacción de las indicaciones (plazo hasta el **21 de agosto**). Según La Tercera, "en sectores del Ejecutivo hay conciencia de que es necesario hacer ajustes, ya que, en los términos actuales, la iniciativa corre un alto riesgo de ser impugnada en el Tribunal Constitucional" [[sources/latercera-2026-08-15-registro-vandalos-bcn]].
