Columna de Prensa Opal advierte que el Registro de Actos Vandálicos castigaría con pérdida de beneficios sociales y discriminaría a la población pobre

La periodista y abogada Jeannette Rosentreter publicó en Prensa Opal una columna de opinión que critica el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, anunciado por el presidente José Antonio Kast Rist durante la Cuenta Pública 2026 y actualmente en discusión en el Congreso (evento Kast anuncia Registro Nacional de Vandales e Incivilidades en Cuenta Publica) ^[1]Prensa Opal Seguridad sí, discriminación no: Derechos sociales bajo condición.

La columna sostiene que el registro, al inhibir el acceso a beneficios y programas sociales, se transforma en “una nueva forma de castigo: quitar derechos sociales”, afectando de manera desproporcionada a quienes viven en situación de pobreza. El texto señala que el registro implicaría la pérdida de beneficios como la gratuidad en educación, la Pensión Garantizada Universal (PGU) o el Subsidio de Arriendo, y que el catálogo de conductas penalizadas es amplio y contempla incluso faltas ^[1]Prensa Opal Seguridad sí, discriminación no: Derechos sociales bajo condición.

El registro implicará la pérdida de beneficios sociales, como la gratuidad en educación, la Pensión Garantizada Universal (PGU) o el Subsidio de Arriendo. El catálogo de conductas penalizadas es amplio y también contempla faltas - Prensa Opal ^[1]Prensa Opal Seguridad sí, discriminación no: Derechos sociales bajo condición

El argumento central de la columna es que la medida, “bajo una apariencia de neutralidad”, constituye discriminación indirecta por condición socioeconómica: al apuntar a beneficios que recaen principalmente en personas pobres o en extrema pobreza, no afecta de manera relevante a personas de altos ingresos que pueden financiar vivienda, educación o pensiones por sí mismas. Según el texto, a julio de 2026 el 53% de los hogares pertenecía al tramo de mayor vulnerabilidad socioeconómica ^[1]Prensa Opal Seguridad sí, discriminación no: Derechos sociales bajo condición.

La columna también plantea que la iniciativa contraviene compromisos internacionales de Chile —el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado en 1972, y su principio de no regresividad—, y que no existe evidencia suficiente de que el registro tenga un efecto disuasivo real. Artículo de opinión: sus afirmaciones puntuales (el 53% de hogares vulnerables, la pérdida de beneficios específicos como PGU o subsidio de arriendo) requieren verificación contra el texto del proyecto de ley antes de usarse como dato ^[1]Prensa Opal Seguridad sí, discriminación no: Derechos sociales bajo condición.