--- titulo: "Organizaciones de América exponen ante la CIDH los impactos de los data centers y acusan una 'alfombra roja' regulatoria en Chile" fecha: 2026-08-03T14:00:00Z tipo: accion tema: medio_ambiente, derechos_humanos, tecnologia etiquetas: cidh, data_center, olca, accion_civica, extractivismo, penco, tierras_raras, plan_nacional_data_centers, moratoria, redesca impacto: colectivos: comunidades, pueblos_originarios, defensores_ddhh, ciudadanos sectores: medio_ambiente, tecnologia, energia_electrica relaciones: deriva_en: 20260820-22 creado: 2026-08-25 actualizado: 2026-08-25 --- La [[organizations/cidh]] celebró el 3 de agosto en Washington D.C. una audiencia temática regional sobre la expansión de los data centers en América Latina, en la que organizaciones de Chile, México y Estados Unidos —más entidades aliadas del Reino Unido— advirtieron que la industria traslada hacia la región los costos ambientales y sociales de la inteligencia artificial y de la transición energética impulsada desde el Norte Global [[sources/interferencia-2026-08-11-cidh-centros-datos]] [[sources/elciudadano-2026-08-17-cidh-centros-datos]]. ## Chile: "alfombra roja" regulatoria y extractivismo En representación de [[organizations/olca]] y [[organizations/accion_civica]], el director del observatorio, [[people/lucio_cuenca]], sostuvo que Chile ocupa una posición estratégica dentro de esta "nueva geografía de acumulación": proveedor simultáneo de cobre, litio y tierras raras para la electrificación y plataforma para la instalación de grandes centros de datos. Según lo expuesto ante la Comisión, el país alcanzó 37 centros operativos hacia 2025 —segundo polo de infraestructura digital de América Latina después de Brasil—, expansión promovida por el Plan Nacional de Data Centers de la administración [[people/gabriel_boric]], que incentivó la concentración de grandes instalaciones en la zona periurbana de la Región Metropolitana y proyectó su crecimiento hacia el norte del país [[sources/interferencia-2026-08-11-cidh-centros-datos]] [[sources/elciudadano-2026-08-17-cidh-centros-datos]]. [[people/lucio_cuenca]] describió ese proceso como acompañado por una verdadera "alfombra roja" regulatoria para las grandes empresas tecnológicas: guías de tramitación y mapas de inversión con los que el Estado orienta a las compañías sobre los terrenos a adquirir para asegurar energía, fibra óptica y permisos, en paralelo a la habilitación de data centers sin evaluación ambiental obligatoria —lo que vulnera, según el observatorio, el principio de no regresión ambiental y restringe el acceso a la información y la participación ciudadana. Como expresiones de un mismo proceso vinculó el caso de Penco, donde las comunidades se oponen hace más de una década al proyecto de tierras raras de Aclara Resources (ver evento [[events/20260808-6]]), y la expansión de la infraestructura digital [[sources/interferencia-2026-08-11-cidh-centros-datos]] [[sources/olca-2026-08-11-cidh-centros-datos]] [[sources/eldesconcierto-2026-08-17-cidh-data-centers]]. ## Conflicto de interés expuesto Como antecedente de conflictos de interés, [[people/lucio_cuenca]] mencionó el caso de la exministra de Ciencia [[people/aisen_etcheverry]], quien lideró el Plan Nacional de Data Centers y se había desempeñado antes como gerenta de Políticas Públicas para el Cono Sur de Amazon Web Services (AWS): en 2023 la Contraloría General de la República determinó que debió abstenerse de integrar, en 2019, la comisión que evaluó las propuestas para constituir la Fundación Data Observatory, debido a que AWS era una de las empresas participantes y luego seleccionadas. El caso fue presentado como muestra de los riesgos de la "puerta giratoria" en las decisiones sobre infraestructura digital [[sources/interferencia-2026-08-11-cidh-centros-datos]] [[sources/elciudadano-2026-08-17-cidh-centros-datos]]. La acusación corresponde a la presentación de las organizaciones ante la CIDH; el pronunciamiento original de Contraloría no fue revisado en fuente directa. ## Patrón regional de opacidad y desregulación La investigadora Diana Baptista, del Observatorio Latinoamericano de Centros de Datos (México), señaló que la audiencia permitió documentar "el modus operandi mediante el cual las grandes empresas tecnológicas y los gobiernos locales eluden la legislación ambiental para priorizar los centros de datos por encima de los derechos humanos de las comunidades". Teresa Roldán, de Vocer@s de la Madre Tierra (México), afirmó que corporaciones y Estados "están actuando conjuntamente para despojar a los territorios de agua, energía, seguridad alimentaria y salud". Desde Estados Unidos, el abogado de ClientEarth Matthew French reclamó que los gobiernos garanticen que el desarrollo tecnológico respete los derechos humanos, y Jacinta González, de MediaJustice, calificó la expansión masiva de la IA como un fenómeno construido sobre procesos "fundamentalmente antidemocráticos", con comunidades ninguneadas o criminalizadas cuando resisten [[sources/eldesconcierto-2026-08-17-cidh-data-centers]] [[sources/interferencia-2026-08-11-cidh-centros-datos]]. Los antecedentes presentados mostraron un patrón común en las Américas: contratos de concesión de terrenos y uso de agua y energía bajo cláusulas de confidencialidad, incentivos tributarios negociados sin escrutinio público, debilitamiento deliberado de las salvaguardas ambientales e impactos concentrados en comunidades indígenas, afrodescendientes y sectores empobrecidos que ya enfrentan escasez hídrica y contaminación [[sources/interferencia-2026-08-11-cidh-centros-datos]] [[sources/eldesconcierto-2026-08-17-cidh-data-centers]]. ## Peticiones a la CIDH Las organizaciones pidieron a la Comisión encomendar a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) un seguimiento regional del fenómeno y su incorporación al próximo plan estratégico; elaborar un informe temático sobre infraestructura digital y derechos humanos que cubra justicia ambiental, pueblos originarios, perspectiva de género y protección de defensores; establecer estándares que exijan transparencia de contratos y consumos de bienes comunes, debida diligencia empresarial, evaluaciones ambientales integrales y participación comunitaria previa y efectiva; y aplicar salvaguardas jurídicas estrictas y moratorias temporales que suspendan la aprobación o construcción de nuevos proyectos ante riesgos serios o información insuficiente. Integrantes de la CIDH coincidieron en que la participación debe ocurrir antes de que gobiernos y empresas cierren sus acuerdos [[sources/interferencia-2026-08-11-cidh-centros-datos]] [[sources/elciudadano-2026-08-17-cidh-centros-datos]] [[sources/eldesconcierto-2026-08-17-cidh-data-centers]]. > No puede haber transición justa si los territorios vuelven a ser convertidos en zonas de sacrificio y las comunidades quedan excluidas de las decisiones sobre su propio futuro - [[people/lucio_cuenca]] [[sources/interferencia-2026-08-11-cidh-centros-datos]] ## Vínculo con el caso chileno El capítulo internacional llega semanas después de que el Servicio de Evaluación Ambiental emitiera su primer pronunciamiento que exime a un data center del SEIA —el Data Center Alto Jahuel, en Buin (ver evento [[events/20260724-18]])—, caso citado por la cobertura local como evidencia de la flexibilización cuestionada ante la CIDH [[sources/eldesconcierto-2026-08-17-cidh-data-centers]] [[sources/eldesconcierto-2026-08-03-sea-data-center-alto-jahuel]]. Sebastian Smart, investigador del Centre for Access to Justice and Inclusion (Reino Unido), calificó la audiencia como una "oportunidad histórica" para que la CIDH desarrolle estándares interamericanos sobre transparencia, evaluación de impacto, participación ciudadana y protección de derechos frente a la infraestructura que soporta la inteligencia artificial [[sources/elciudadano-2026-08-17-cidh-centros-datos]].